Prohibido prohibir… el tabaco (Andrés Carmona)

Esta semana, el compañero Roberto Augusto publicaba otra entrada en el blog de Filosofía en la Red en la línea que acostumbra: animando a la reflexión y el debate con tesis atrevidas y rompedoras. En este caso, planteaba directamente prohibir el tabaco. Con ánimo de coger el guante lanzado por Roberto voy a contestar diciendo justo lo contrario: que no solo no hay que prohibir el tabaco sino ninguna de las demás drogas ahora ilegales, dicho de otra forma, a favor de legalizarlas todas.

       Roberto parte de la tesis de que fumar es irracional: “Si el ser humano fuera plenamente racional nadie fumaría”. Aporta datos sobre la relación entre tabaquismo y cáncer, y propone la prohibición progresiva del tabaco hasta la prohibición total. Refuta el argumento de que el tabaco sea un negocio fiscal para el Estado. Y por último rechaza el argumento a favor del tabaco basado en la libertad: para Roberto, las drogas, como el tabaco, destruyen la libertad, y además son perjudiciales para la sociedad en su conjunto pues suponen una carga para todos en el gasto sanitario que suponen.

            Todo lo anterior es cuestionable. Aunque el texto es breve (o precisamente por eso mismo), subyacen multitud de presupuestos éticos, políticos y metafísicos no explícitos ni demostrados. Por otra parte, el texto rezuma cierto tufillo dirigista, o por lo menos paternalista, pues deja en manos del Estado la decisión de prohibir el tabaco totalmente. No ya de regularlo (determinando dónde sí y dónde no) sino de prohibirlo plenamente, dirigiendo con medidas progresivas a la sociedad hacia ese fin.

            Uno de los puntos centrales del texto y del debate tiene que ver con el ámbito de actuación legítimo del Estado: qué asuntos debe regular el Estado y cuáles no; la cuestión de los límites del poder público. Nuestras sociedades políticas modernas han llegado al consenso de que los derechos individuales (expresados en sus mínimos como derechos humanos) son el límite de la acción del Estado: el poder público no solo no puede vulnerar esos derechos sino que, además, debe protegerlos y garantizarlos. Uno de esos derechos es el de la libertad individual de pensamiento, conciencia y opinión. Lo que implica también la libertad de conciencia moral, de determinar por mí mismo, de la mejor forma que pueda, lo que considero bueno o malo. Es más, en un Estado moderno, la decisión sobre el bien o el mal y otras cuestiones morales quedan fuera el ámbito del Estado y protegidas en el espacio privado de la conciencia individual. De esta forma se garantiza la libertad individual para pensar y vivir de acuerdo a la propia ética y se prohíbe que el Estado pueda imponer una ética particular al conjunto de la sociedad, respetando así la libertad de conciencia de cada uno. El Estado tiene su propio ámbito político de acción (centrado en la justicia) y separado del ámbito moral de los individuos. La buena vida, la felicidad, el bien o mal, no son objeto de las políticas del Estado, sino de la libertad de conciencia de los individuos, que pueden, en virtud de su autonomía moral, determinarlos como mejor consideren, y con el único límite del orden público (esto es, del conjunto de derechos de los demás individuos).

            Todo lo anterior supone que no existe una conducta moral que sea la única correcta o la más acertada, sino que, por el contrario, se asume el pluralismo moral, la diversidad de concepciones del bien, la felicidad, la vida buena, etc., en el seno de la sociedad. ¡Ojo!, esto no significa que haya una concepción moral mejor que las demás pero que se tolere a las otras aunque estén equivocadas, sino que no hay forma racional de determinar una determinada concepción moral como superior a otras con suficiente seguridad o certeza. Si la hubiera, no tendría sentido tolerar esa diversidad, igual que no tiene sentido la diversidad a la hora de establecer el resultado de 2+2. Pero la ética no es como las matemáticas: no hay forma posible de demostrar que una teoría ética es superior a otra, las concepciones éticas (igual que las metafísicas) son inconmensurables. Un utilitarista y un deontologista, por ejemplo, podrán debatir durante horas, días, meses y años, con total rigor, sinceridad y ánimo auténtico de dar la razón al otro si sus argumentos le convencen, y jamás llegarán a un acuerdo sobre quién tiene razón. Lo único que podrán acordar es una ética mínima, una ética procedimental, para lograr ciertos consensos morales mínimos, y que orbitará alrededor de los derechos humanos. Una moral pública que, aún siendo mínima, ya es bastante para evitar el relativismo ético y lograr un fundamento moral de la política, y poder hablar de moral pública o ética cívica. Una ética mínima que será principalmente formal y que permitirá una amplia pluralidad material de contenidos éticos concretos.  

Aceptando lo anterior, el Estado no puede asumir como propia ninguna ética concreta más allá de esta ética mínima o procedimental que sirve, precisamente, para garantizar el pluralismo moral sin caer en relativismo. Y si eso es así, la decisión de fumar o no, y por extensión, la de consumir cualquier droga, no será una cuestión de Estado, un asunto político, sino una cuestión moral que debe tomar cada individuo en virtud de su propia moral, igual que las decisiones sobre la anticoncepción, la interrupción del embarazo o la eutanasia. Cualquier decisión en estos temas es una decisión moral, y desde distintas concepciones morales puede llegarse a conclusiones distintas. Concepciones morales todas ellas con argumentos fuertes pero inconmensurables unas con otras. Dos individuos pueden ser perfectamente racionales y sin embargo llegar a conclusiones totalmente contrarias en estos temas morales. Pasa algo similar al principio de subdeterminación de Duhem-Quine: dado un conjunto de hechos, caben infinitas teorías (potenciales) para explicarlos (igual que dado un punto en un plano caben infinitas rectas que pasen por él, o dados muchos puntos caben infinitas curvas que los enlacen a unos con otros de diferentes formas). De forma parecida, dada una cuestión moral, caben infinitas (o por lo menos varias) teorías morales igualmente válidas y racionales sin que sea posible determinar una como la mejor o superior con suficiente grado de certeza.

En el caso del tabaco y otras drogas, Roberto asume una teoría ética concreta que vincula de un modo fuerte racionalidad con salud y longevidad, de modo que considera irracional la conducta de dañarse a uno mismo fumando o tomando drogas. Bien, es una teoría. Pero no la única. Ciertamente que, si decido que la salud y la longevidad son valores que quiero lograr, la racionalidad me indicará que me abstenga de fumar o drogarme. Ahora bien, también me indicará que no haga deportes de riesgo, o que no me suba a un coche (dada la alta probabilidad de sufrir un accidente: miles cada año en las carreteras españolas). Pensemos en un alpinista. Muchos han muerto intentando llegar a las cimas más altas del planeta, o han perdido dedos por congelación, o han ocasionado gastos públicos a la hora de tener que ir a rescatarlos. ¿Su conducta es irracional? Si los valores que tomamos en consideración solo son los de la salud y la longevidad, sí, desde luego. Ahora bien, si añadimos otros, el resultado puede ser totalmente distinto. El placer o la satisfacción por lograr esa cima, o el mero hecho de realizar la propia voluntad, puede ser también un valor importante. La decisión entre valores en conflicto (la salud, la integridad física o la propia vida versus la superación de un reto o el logro de un objetivo) no es resoluble en términos de pura racionalidad. La racionalidad determinará la mejor manera de conseguir el valor elegido, pero la propia decisión entre valores no depende de la racionalidad (o por lo menos, no solo de ella). Si entendemos lo anterior, es más claro comprender que un agente racional puede estimar o valorar la experiencia o la satisfacción que pueda tener consumiendo una droga lo suficiente como para preferir esa experiencia o placer a su propia salud o longevidad en términos absolutos, es decir, podría relativizar ese valor en función de los otros. Podría razonar así: una vida larga sin esas experiencias tiene menos valor para mí que una vida corta pero con ellas[1]. Y eso suponiendo que fuera automática la relación inversa entre salud y longevidad con el consumo de drogas: Santiago Carrillo vivió casi cien años (1915-2012). En una entrevista dijo llevar fumando desde los 14 años, en algunos periodos hasta tres y cuatro paquetes al día (entre 60 y 80 cigarrillos): eso era con 87 años, vivió otros diez más. Pasó 83 años fumando como un carretero –como suele decirse- pero ¿alguien diría que su vida no mereció la pena? Lo cual hace más razonable todavía la decisión de tomar drogas si la relación entre ese consumo y las consecuencias para la salud son probabilísticas y no automáticas.

Otro asunto es el de la libertad y la adicción. Para Roberto, el tabaco es incompatible con la libertad en tanto que es una sustancia adictiva y quien es adicto a algo no es libre. Roberto asume una idea de la libertad como incondicionalidad absoluta. A Roberto la idea le parece evidente, podemos suponer que por lo siguiente: solo soy libre si puedo tomar una decisión X tal que puedo revertir en cualquier momento esa decisión. Pero si X es una adicción, esa decisión no es reversible (o no fácilmente), por lo que una vez tomada, dejaría de ser libre (ya que no podría revertirla), y nadie racional elegiría libremente no ser libre. Dicho más sencillamente: si bien es muy fácil decidir fumar, no es ni mucho menos igual de fácil conseguir dejar de fumar. El argumento no parece convincente por varios motivos. En primer lugar, porque hay multitud de acciones irreversibles o difícilmente reversibles que tomamos en la vida y que nadie diría que no son libres o que nos hacen menos libres por eso: hacerse tatuajes, por ejemplo, o contraer matrimonio, o tener hijos, o aceptar un empleo en el extranjero, etc. En el caso del tabaco u otras drogas, y dada la información disponible hoy día, nadie duda de su carácter adictivo y sus consecuencias para la salud. Siendo así, no es irracional que alguien pueda decidir consumir esas sustancias aún sabiendo su carácter adictivo y perjudicial, pues lo moralmente relevante no es eso sino si la decisión se toma libremente (con información veraz y suficiente) o sin ella. Del mismo modo que alguien puede decidir escalar el Everest aún a riesgo de perder sus dedos o incluso morir en el intento.

El concepto de libertad que utiliza Roberto Augusto es un concepto metafísico: libertad como incondicionalidad absoluta. Pero hay otros conceptos de libertad metafísicos distintos, por ejemplo, el concepto estoico o hegeliano de libertad como asunción de la necesidad, o el cristiano de libertad como entrega a Dios. El caso es que a efectos políticos, todos ellos son irrelevantes: el Estado debe asumir un  concepto de libertad político, no metafísico, precisamente por lo que decíamos antes de separar el espacio público/político del Estado del espacio privado/moral de las conciencias individuales. El fumador empedernido Santiago Carrillo no será libre en el sentido de Roberto Augusto en tanto que fumador, ni tampoco en el sentido cristiano en tanto que ateo, pero ¿diríamos que no fue un sujeto libre políticamente hablando?

Por otra parte, la palabra “adicción” es claramente peyorativa. Sugiere la imagen del yonki, del drogadicto demacrado de los años 80 que mendigaba, robaba o se prostituía para poder conseguir su “chute” de heroína. Ahora bien, no toda adicción es así. Lo repudiable de una adicción no es el hecho de la adicción en sí, esto es, su carácter irreversible (o casi irreversible) sino las consecuencias desagradables añadidas que esa adicción pueda conllevar. Y aquí lo importante es comprender que esas consecuencias desagradables no siempre dependen de la propia adicción sino de las condiciones sociales, políticas, económicas –contextuales, en suma- en las que se da esa adicción. Muchas personas son adictas a la cafeína, por ejemplo, en forma de café, refrescos de cola, etc. Sin embargo, son capaces de llevar una vida perfectamente normal, totalmente integrados en la sociedad, plenamente felices. No mendigan en las calles, no roban a sus vecinos, ni se prostituyen en las esquinas para poder echar un sorbo de café. Tampoco pasa eso con el tabaco. Ni con el alcohol. Ni tendría por qué pasar necesariamente con el cannabis, la cocaína o la heroína. Todos esos efectos perversos están muchísimo más relacionados con el contexto de la prohibición y la criminalidad que envuelven a ciertas drogas que con ellas mismas. El ejemplo de la Ley Seca en EEUU es paradigmático: la prohibición del alcohol no solo no acabó con el problema del alcoholismo sino que además añadió otro, la mafia.

Además, se puede ser adicto a muchas cosas, no solo a las llamadas drogas. El propio amor o enamoramiento es un proceso adictivo: estimula las zonas del cerebro relacionadas con el placer y las que ocasionan el dolor del síndrome de abstinencia cuando falta el estímulo que es la persona amada. Las rupturas sentimentales tienen, en parte, ese típico carácter doloroso precisamente por eso mismo. A nivel neurológico, el amor, el tabaco o la cocaína son muy parecidos: estimulan centros de placer, generan tolerancia y provocan síndrome de abstinencia. Lo mismo o parecido les pasa a muchas personas en relación con la lectura, los viajes o el deporte: no entenderían sus vidas sin esas cosas, o la verían muy empobrecida, o sufrirían enormemente con su pérdida. Aún así, somos capaces de convivir con esas cosas por la sencilla razón de que lo importante no es vivir sin adicciones (algo casi imposible) sino aprender a vivir con ellas e incluso gracias a ellas. Tal vez haya que hacer lo que sugiere el título de uno de los libros de Antonio Escohotado: Aprendiendo de las drogas[2]. ¿Acaso querríamos vivir sin amor, sin libros, sin viajes, sin deportes… o sin tabaco? Unos querrán “engancharse” al amor, otros a los viajes, otros al tabaco, y otros a todo eso a la vez, pero, una vez más, esa decisión dependerá de los valores y razonamientos de cada uno, sin que sea posible establecer un único razonamiento como el correcto o más adecuado.

Alguien dirá que las drogas no son comparables al amor o los viajes, que sus beneficios no compensan los costes, pero volvemos a lo mismo: esa es una decisión moral que debe tomar cada uno, y en la que no cabe una posición única. En una sociedad libre, puedo no entender cómo alguien pueda preferir fumar a hacer deporte, o gastarse el dinero en alcohol en vez de ahorrarlo para viajar, pero si la sociedad de verdad es libre debe permitir que haga eso que yo no entiendo ni comparto. Si el Estado obligara a viajar o a hacer deporte, o prohibiera fumar o beber, tal vez tendríamos una sociedad más sana, pero desde luego que también menos libre.

Desde luego que una persona adicta podrá tener conductas irracionales y claramente perniciosas para él y para los demás, por ejemplo, el ludópata que descuida sus obligaciones familiares para gastarse todo el dinero en el juego. El conductismo ya demostró en sus experimentos que un animal adicto podía llegar a preferir antes el objeto de su adicción que la propia comida y morir de inanición. Desde luego que ahí sí que hay que intervenir, pero no al precio de la libertad. No todo adicto al tabaco, al alcohol o a la cocaína se muere de inanición, ni descuida a su familia, ni se convierte en un paria social. Entre la absoluta abstinencia y la total adicción es claro que hay un amplio margen donde tienen mucho que hacer la información veraz, la educación en la autonomía, las medidas de rehabilitación, etc. Desde luego que, “muerto el perro, muerta la rabia”, lo que pasa es que en este caso la rabia sería la adicción total pero el perro sería la libertad: ¿lo sacrificamos?

Otro puede decir que las drogas nublan el entendimiento y llevan a tomar decisiones irracionales o, cuanto menos, decisiones que la misma persona no tomaría en estado sobrio, con lo que drogas y libertad son incompatibles por esa razón. Pero aquí también hay un error en el planteamiento. Las nuevas teorías neurocientíficas, psicológicas y económicas nos están ayudando a comprender el papel de las emociones y su relación con la racionalidad, y de hecho nos muestran que no existe el homo oeconomicus, modelo de razón pura, que dispone de toda la información relevante, la comprende, valora pros y contras, y toma la decisión más adecuada o racional en todo momento. Todo proceso de toma de decisiones está mediado e influido por las emociones y podría ser que ellas tuvieran más que ver con lo que realmente elegimos que la propia razón. Jonathan Haidt llega a hablar del “perro emocional y la cola racional”[3], dando a entender que son nuestras emociones las que toman las decisiones, y la razón la que después intenta justificarlas y autoconvencernos a posteriori de haber hecho la mejor elección. Las drogas ciertamente influyen en nuestra racionalidad, pero influyen porque alteran nuestro estado emocional y con ello nuestra percepción y nuestro entendimiento. ¡Pero como tantas otras cosas también lo hacen! De nuevo, el amor. ¿Quién no ha tomado decisiones importantes, transcendentales y casi irreversibles bajo los efectos de las emociones del amor? El propio matrimonio, por ejemplo, es una de esas decisiones que no se toman de forma racional (y, tal vez, si fuera obligatorio hacerlo así, nadie se casaría). ¿Cuántas personas no han tomado decisiones, como firmar una hipoteca o tener hijos, bajo estados emocionales en los que, si no hubiera estado, no las habría tomado? La propia excitación sexual influye en las decisiones que tomamos, como ha estudiado Dan Ariely en lo que él llama el “efecto Axe”[4]. Pero ¿acaso estaríamos dispuestos a prohibir o deslegitimar todas esas decisiones que no son productos de la pura y fría racionalidad? ¿Debería negar el juez el matrimonio a dos personas precisamente por estar enamoradas? ¿Debería negar el banco una hipoteca al matrimonio de recién casados? Entiéndase lo que aquí queremos decir: no se trata de justificar una acción tomada bajo los efectos de las drogas, sino de relativizar el argumento que vincula drogas y falta de libertad, y más concretamente el argumento de Roberto Augusto que pretende que el fumador no es libre precisamente porque fuma. Aun siendo un adicto al tabaco, sus decisiones podrían ser más libres (en el sentido de frías y razonadas) que las de un enamorado, por ejemplo.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué posición moral es más racional o adecuada con respecto al tabaco u otras drogas? ¿La que prefiere salud a experiencias, o la que valora más ciertas experiencias que la propia salud? ¿Qué adicción es mejor que otras? ¿Qué concepto de libertad o racionalidad es el más acertado? No hay respuesta definitiva, por lo que sería un tanto dogmático pretender que sí que la hay de forma indiscutible. Y por lo mismo sería un tanto totalitario que el Estado se alineara con una de esas respuestas para imponerla a la sociedad, obligando a todo el mundo a llevar una vida sana y longeva prohibiéndoles el tabaco, otras drogas o, llevando el argumento al límite, prohibiendo también los deportes de riesgo e incluso obligando a hacer deporte, dieta y vida sana por ley. Más razonable parece pensar que el Estado debe dejar esas decisiones a la libertad de conciencia de los individuos y abstenerse de intentar legislar esos asuntos, limitándose a establecer las condiciones en las que los individuos pueden ejercer sus derechos.

La libertad de conciencia, como cualquier otro derecho, no es absoluta. Los derechos pueden chocar y generarse conflictos. Y la política debe establecer mecanismos de resolución pacífica de esos conflictos, procurando una solución que permita la mejor forma de que todos los sujetos puedan disfrutar al máximo de sus derechos con las menores limitaciones. Que alguien decida fumar, beber, esnifar o viajar o hacer deporte, o lo que sea, debe ser algo que puedan decidir las propias personas de acuerdo a sus propias ideas morales sobre la felicidad, la buena vida, el bien, etc., sin intromisión del Estado. Los poderes públicos deben procurar que cada cual pueda realizar su propia vida y concepto del bien o la felicidad sin interferir ni impedir a los demás realizar la suya propia, o por lo menos en la menor medida posible. Aquí es donde resultará tremendamente útil aquélla ética mínima o moral cívica de la que hablábamos antes cuyo fundamento son los derechos humanos. Según esto, el Estado podrá y deberá regular dónde y cuándo se puede fumar, beber o inyectarse una droga, o mejor dicho, dónde o cuándo no, dejando libertad para hacerlo en donde no esté prohibido. Por ejemplo, el derecho a fumar del fumador debe ser compatible con el derecho a respirar aire sin tabaco del no fumador, y en caso de conflicto (por ejemplo, en lugares cerrados) debe primar el derecho más importante: el derecho a la salud del no fumador debe prevalecer sobre el derecho del fumador a su placer de fumar. Del mismo modo, el derecho del paciente a la vida y a una sanidad de calidad debe prevalecer ante el deseo del médico de beber alcohol o fumar marihuana antes de operarle a corazón abierto. Exactamente igual que el Estado debe regular los límites de velocidad de los vehículos según los espacios, de modo que el placer del aficionado a la velocidad debe ceder ante los derechos de peatones y otros conductores a su seguridad, lo que no implica ningún juicio de valor moral por parte del Estado sobre si conducir a velocidad de rally es bueno o malo, simplemente establece dónde se puede (en los circuitos especialmente acondicionados para ello) y dónde no (en las vías urbanas e interurbanas).

Queda la cuestión de los costes de fumar (o tomar otra droga). Toda decisión tiene unos beneficios (por ejemplo, el placer de la experiencia), y unos costes (por ejemplo, los riesgos que puede acarrear esa experiencia). ¿Quién debe correr con los costes? Es bien sabido que la libertad es una cara de una misma moneda cuyo envés es la responsabilidad. El coste de la decisión es de quien la toma. Sin embargo, los costes no siempre recaen en el sujeto que toma la decisión, de hecho, casi toda decisión que tomemos tiene alguna repercusión en los demás en tanto que somos seres sociales. Por esa razón hay que: por un lado, procurar minimizar esos costes hacia otras personas, en tanto que no son elegidos por ellas, y no sería justo que los soportaran; y por otro lado compensar a los agraviados por el coste que sea inevitable producirles (los economistas llaman a esos costes “externalidades negativas”). El coste sobre la salud del fumador debe caer en el propio fumador, pero no en el no fumador en forma de fumador pasivo, que es otra razón para que su derecho prevalezca sobre el del fumador en sitios cerrados. Pero ¿y los demás costes? En concreto, los costes económicos del fumador sobre la sanidad que pagamos entre todos. Es cierto que el fumador produce unos costes económicos que aumentan el gasto sanitario y que se paga con los impuestos de todos, no solo de los fumadores. Ese coste o externalidad negativa el fumador lo compensa a la sociedad pagando impuestos especiales por el tabaco, impuestos que no paga el no fumador. Lo mismo con el alcohol. Por razones similares, ciertos deportistas tienen que hacerse seguros especiales para practicar su deporte. Lo que está claro es que la libertad de fumar no puede ejercerse a costa de los demás: no es de recibo que para que yo pueda fumar otro pague más impuestos que los que pagaría si yo no fumara. Que yo fume o no fume debe resultar indiferente fiscalmente hablando al no fumador: él no debe pagar ni más ni menos por eso. Habría que estimar, por tanto, si el gasto sanitario atribuido al tabaco se cubre con la recaudación de los impuestos especiales que lo gravan, y o bien subir o bien bajar esos impuestos en función del resultado.

Extendiendo el argumento anterior, podríamos reflexionar sobre si cualquier actividad que genere un coste (o externalidad negativa) hacia otros debería recaer únicamente sobre su responsable y no sobre el conjunto de la población. Pensemos en los accidentes de tráfico. Supongamos un caso de accidente provocado por la imprudencia de un conductor (por conducir ebrio, por ir distraído por el teléfono móvil, por exceso de velocidad, o por cualquier circunstancia que no sea la pura mala suerte). ¿Debería calcularse el gasto sanitario que provoca el rescate y la atención médica, tanto suya como de las demás víctimas, para luego cobrársela a él particularmente? ¿O debe ser atendido gratuitamente y cargar ese gasto a las arcas generales del Estado que pagan todos los ciudadanos, también los conductores responsables e incluso las otras víctimas inocentes del accidente si las hubiera? O pensemos en quienes corren delante de un toro en los encierros de ciertos pueblos (tipo sanfermines). Dejando de lado el debate animalista, en caso de cogida y cornada, ¿debería calcularse el gasto sanitario ocasionado para cobrárselo, o deberíamos pagarlo entre todos del fondo común de los impuestos generales?

Volviendo al texto de Roberto Augusto, algunos de sus argumentos tal vez estarían bien como consejos argumentados para no fumar, pero resultan totalmente inadecuados para justificar la prohibición del tabaco por parte del Estado.

Andrés Carmona Campo. Licenciado en Filosofía y Antropología Social y Cultural. Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria.

---

[1] Lo que venía  a expresar ese lema punk de “Vive deprisa, muere joven, y deja un bonito cadáver”. Sin llegar a ese extremo, muchos artistas consideran que las drogas son su fuente de inspiración, y que gracias a ellas logran experiencias que les permiten luego realizar obras de arte. Por no hablar de quienes consideran que ciertas drogas les permiten llegar a estados de conciencia de cierto tipo místico, o tener experiencias sumamente agradables o especiales para ellos y su forma de entender la vida.

[2] Escohotado, Antonio (1995): Aprendiendo de las drogas: Usos y abusos, prejuicios y desafíos. Anagrama. Resulta imprescindible y de obligada referencia la obra de Antonio Escohotado sobre drogas, especialmente su Historia de las drogas en tres volúmenes (Alianza Editorial).

[3] Haidt, Jonathan. “El perro emocional y su cola racional”, en Cortina, Adela (coord.), Guía Comares de Neurofilosofía práctica. Granada: Comares, 2012, pp. 159-215.

[4] Ariely, Dan (2008). Las trampas del deseo: Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Barcelona: Ariel.